Culiacán, Sinaloa.- Con el propósito de garantizar la igualdad de derechos y eliminar disposiciones legales consideradas discriminatorias, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense integrado por los Diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño y Angélica Díaz Quiñónez presentaron siete iniciativas de reforma que buscan armonizar la legislación estatal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Las propuestas tienen un objetivo común: eliminar de diversas leyes de Sinaloa el requisito de ser mexicano por nacimiento para acceder a determinados cargos públicos, cuando dicha exigencia no esté plenamente justificada por la naturaleza de la función, garantizando así que todas las personas con ciudadanía mexicana, incluidas las naturalizadas, puedan ejercer en igualdad de condiciones su derecho al trabajo y al servicio público.
Las iniciativas reforman las siguientes disposiciones legales:
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.
Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.
Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Gobierno del Estado de Sinaloa.
Una reforma para garantizar la igualdad. El Grupo Parlamentario del PAS sustenta estas iniciativas en el artículo 34 de la Constitución Federal, que reconoce como ciudadanos mexicanos a todas las personas con nacionalidad mexicana mayores de 18 años y con un modo honesto de vivir, sin distinguir si la nacionalidad fue adquirida por nacimiento o por naturalización.
Asimismo, señala que el artículo 32 constitucional únicamente permite exigir la nacionalidad por nacimiento para determinados cargos cuando exista una justificación objetiva, razonable y proporcional. Mantener esa exigencia de manera generalizada, advierte el PAS, representa una restricción injustificada al derecho al trabajo y al acceso a cargos públicos.
Eliminar barreras discriminatorias
Las iniciativas sostienen que conservar en la legislación estatal el requisito de ser mexicano por nacimiento genera un trato desigual basado en el origen nacional, una condición expresamente prohibida por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El documento legislativo enfatiza que estas disposiciones crean obstáculos para que ciudadanos mexicanos naturalizados puedan desempeñar funciones públicas, pese a contar con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano mexicano.
Como respaldo jurídico, las iniciativas retoman la Opinión Consultiva OC-4/84 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que restringir de manera exagerada e injustificada los derechos políticos de las personas naturalizadas constituye una forma de discriminación que crea categorías de ciudadanos con distintos niveles de derechos dentro de un mismo país.
Un paso hacia una legislación incluyente. Para el Partido Sinaloense, estas reformas representan un avance significativo en la construcción de un marco jurídico más moderno, incluyente y respetuoso de los derechos humanos, al eliminar disposiciones que ya no responden al modelo constitucional vigente.
De aprobarse, Sinaloa fortalecería los principios de igualdad, no discriminación y acceso equitativo al servicio público, permitiendo que cualquier ciudadano mexicano que reúna los requisitos de capacidad, experiencia y legalidad pueda aspirar a ocupar cargos públicos, sin que su forma de adquisición de la nacionalidad sea un impedimento.
Las siete iniciativas reflejan una apuesta por actualizar la legislación estatal para colocar el mérito, la preparación y la capacidad profesional por encima del origen nacional, consolidando un servicio público más abierto, equitativo y acorde con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
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