Culiacán, Sinaloa.-Con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica en las relaciones contractuales y fomentar la solución pacífica de controversias, los diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño y Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense, presentaron una iniciativa ante el Congreso del Estado de Sinaloa para incorporar la figura de las cláusulas compromisorias en las disposiciones contractuales del Código Civil para el Estado de Sinaloa.
La propuesta tiene como finalidad establecer mecanismos claros que permitan resolver incumplimientos de contratos a través de medios alternativos de solución de controversias, especialmente en etapas previas a la formalización de acuerdos definitivos.
La iniciativa reconoce la existencia de la fase precontractual, ampliamente desarrollada en la doctrina civil, en la que las partes realizan negociaciones y generan expectativas legítimas sobre la celebración de un contrato. En este contexto, las cláusulas compromisorias se conciben como acuerdos mediante los cuales las partes se comprometen desde un inicio a formalizar posteriormente un contrato.
Estás cláusulas generan obligaciones recíprocas exigibles, cuyo propósito es dar eficacia jurídica a la voluntad anticipada de las partes y evitar conductas contradictorias o retractaciones injustificadas, en apego al principio de buena fe.
En Sinaloa es común el uso de acuerdos preliminares en sectores como el inmobiliario, arrendamientos de largo plazo, compraventas de alto valor y contratos de servicios complejos, donde se pactan condiciones esenciales como objeto, precio y plazos, dejando la formalización para una etapa posterior.
La iniciativa plantea que la regulación de las cláusulas compromisorias permitirá dotar de un marco jurídico claro y sistemático a esta figura, estableciendo sus requisitos de validez, elementos esenciales y efectos legales, lo que reducirá la ambigüedad en su interpretación.
Finalmente, los promoventes señalaron que esta medida contribuirá a disminuir conflictos legales, facilitar el cumplimiento de los acuerdos y fortalecer la confianza en las relaciones jurídicas, al tiempo que impulsará el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias como vía eficiente para dirimir disputas contractuales.
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